Crece con Derecho Empresas

A veces tomar determinadas decisiones pueden traernos problemas que, de haberlo consultado previamente con un abogado, nos hubiéramos evitado.

¿Qué beneficios tiene el servicio Crece con Derecho Empresas?

El asesoramiento jurídico más completo. Tendrá un abogado a su disposición de forma permanente para la resolución de todo tipo de dudas legales a cambio de una cuota fija mensual.

Los servicios y el presupuesto es a medida. Desde 39,90€/mes, tendrá a su disposición el asesoramiento legal que necesita en cada caso.

Nos adaptamos a sus necesidades. No todas las personas ni, sobre todo, todas las empresas tienen los mismos problemas o dudas, por lo que se hará un estudio de cada caso para ofrecerle los servicios que mejor se adapten a lo que usted requiere.

Asesoramiento jurídico en:
  • Redacción y estudio de todo tipo contratos
  • Redacción de nuevos contratos
  • Reclamación extrajudicial de deudas.
  • Mediación en la negociación de contratos con otras personas físicas o jurídicas, en nuestro despacho profesional o en la sede de la empresa
  • GESTIÓN DE COBROS E IMPAGADOS.
  • ASISTENCIA PRESENCIAL o VIRTUAL A ASUNTOS EMPRESARIALES. Asistencia de nuestros abogados a reuniones, negociaciones, clientes etc.
  • Alegaciones de cualquier tipo en materia de consumo u otras necesarias en cualquier procedimiento administrativo.
  • Tramitación de recursos en vía administrativa al mes
  • Procedimientos contencioso-Administrativo
  • Tramitación e interposición de reclamaciones económico Administrativas.
    • Asesoramiento Jurídico Laboral, Estudio de antecedentes. Resolución de todo tipo de consultas. de Convenios Colectivos.
    • Redacción de cartas de sanción y despido.
  • Representación de la empresa ante el SMAC o en sede judicial

  • Asesoramiento sobre viabilidad de expedientes de permisos de residencia y trabajo por cuenta propia o cuanta ajena
  • Consultas de carácter general sobre cualquier materia dentro del ámbito de extranjería
Asesoramiento jurídico en:

A través de nuestra red de abogados ponemos a disposición de las Comunidades de Propietarios nuestro servicio de asesoramiento legal y servicio 360 para Comunidades y Administraciones de Fincas (ponemos enlace a servicios 360?? -energía, Seguros, etc…)

  1. Asesoramiento en cualquier materia derivada de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal
  2. Asistencia a Junta Ordinaria para aclarar cualquier duda o estado de procedimientos iniciados.
  3. Estudio, negociación y/o redacción de todo tipo contratos (proveedores, etc…)
  4. Reclamación judicial y extrajudicial de deudas de propietarios mediante procedimientos de juicio monitorio.
  5. Tramitación de todo tipo de recursos en vía administrativa (alzada, reposición, revisión).
  6. Asesoramiento Jurídico Laboral, Estudio de antecedentes. Resolución de todo tipo de consultas. Preparación de Informes. Actualización de Convenios Colectivos.
  7. Redacción de cartas de sanción y despido.

La propiedad intelectual se puede definir como aquella legislación que tiende a proteger las creaciones originales artísticas, literarias y científicas.

Por su parte, la propiedad industrial protege las Marcas y Nombres Comerciales

Es fundamental contar con un asesoramiento especializado en este campo.

Imagina que inicias un negocio, con una fuerte inversión en compra de dominios, publicidad, etc…y que pasado un tiempo recibes un requerimiento por el cual otra empresa te requiere para que dejes de utilizar el nombre elegido, en el que tanto tiempo y dinero has invertido, porque está registrado a su nombre y se puede confundir en el tráfico mercantil.

Esto se puede evitar con un buen asesoramiento previo que nos ayude a elegir un nombre o marca que no nos cause un problema como el descrito en el futuro, pudiendo además registrarlo a nuestro nombre o el de nuestra empresa para que esté protegido.

Servicios en materia de Propiedad Intelectual e Industrial:

  • Registro de Patentes y Marcas en Madrid y seguimiento
  • Licencias de software
  • Reputación online
  • Derechos de explotación: distribución comunicación pública, reproducción y transformación.
  • Derechos de autor

a) PROTECCION DE DATOS

a.1) Adaptación requisitos legales para apps

En un mundo cada vez más digitalizado, en el que proliferan las aplicaciones informáticos de todo tipo que buscan solucionar agilizar los procesos empresariales, es fundamental contar con un correcto asesoramiento que permita que este tipo de aplicaciones cumplan con todas las garantías legales.

¿QUÉ ES LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES?

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo regula las garantías para evitar que determinados sujetos puedan llevar a cabo, o ser

utilizados, para blanquear capitales con fines de financiar actividades ilegales, o bien partiendo de determinadas actividades legales que solo quieren ocultar bienes a la Agencia Tributaria.

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales impone determinadas obligaciones a los sujetos obligados en la propia ley a fin de que cumplan con determinados procedimientos para impedir que se pueda dar este blanqueo de capitales.

¿Cuáles SON ESOS SUJETOS OBLIGADOS?

La Ley 10/2010, en su artículo 2, establece que los sujetos obligados son:

  1. a) Las entidades de crédito.
  2. b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.
  3. c) Las empresas de servicios de inversión.
  4. d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  5. e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
  6. f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  7. g) Las sociedades de garantía recíproca.
  8. h) Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
  9. i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
  10. j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
  11. k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.
  12. l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de

agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

  1. m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
  2. n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de

empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.

  1. o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros:
  2. constituir sociedades u otras personas jurídicas.
  3. ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  4. facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
  5. ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  6. ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
  7. p) Los casinos de juego.
  8. q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
  9. r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
  10. s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
  11. t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
  12. u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo “B” únicamente respecto de las operaciones de pago de premios.
  13. v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
  14. w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
  15. x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
  16. y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

¿CUÁL ES EL ORGANO REGULADOR EN LA PBC?

El SEPBLAC: Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales E Infracciones Monetarias

SERVICIOS DE LEGAL Y SEGURO EN LPB

  • Adecuación a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Servicio de Auditoría, elaborado a cabo mediante un informe de experto externo reconocido por el SEPBLAC.
  • Formación preceptiva del personal sobre los riesgos

Representación y defensa ante frente al SEPBLAC.

– PLANES DE IGUALDAD

Desde el año 2007 las empresas de más de 250 empleados estaban obligadas a elaborar un plan de igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.)

Desde el año 2019 esta obligación se extendió a las empresas de 50 o más empleados, con una moratoria que finalizó el 7 de marzo de 2022 (Real Decreto 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación).

Asimismo, en el mes de octubre del año 2020 se publicaron dos Reales Decretos que desarrollaron la normativa ya aprobada:

  • El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro. Se desarrolla la negociación, elaboración e inscripción de los planes de igualdad
  • El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre

mujeres y hombres. Regula el registro de retribuciones, estableciendo, además, la obligación de realizar una auditoría sobre retribuciones con perspectiva de género e incorporarla al Plan.

¿A qué sanciones me puedo enfrentar? Hasta un máximo de 187.550€ de sanción por el incumplimiento de esta obligación.


Consultores y abogados laboralistas especializados de nuestro Área Legal y Seguro llevarán a cabo el diseño y plan de actuación para que su empresa cumpla con las obligaciones relacionadas con el Plan de Igualdad, en las siguientes fases:

  • Asesoramiento para la creación y formación de la comisión negociadora
  • Creación del registro de retribuciones e Informe de Auditoría.
  • Propuesta de medidas
  • Redacción del Plan de Igualdad
  • Confección de la hoja estadística y registro del plan.
  • Seguimiento del plan y documentación de las reuniones de la comisión.

En caso de contar ya con un Plan de Igualdad, lo actualizamos garantizando la adaptación completa a la nueva normativa vigente.

Igualmente, programamos, en coordinación con la empresa, las acciones de FORMACIÓN necesarias para el cumplimento íntegro.

PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO

¿Es obligatorio que las empresas dispongan de un protocolo de actuación contra el acoso laboral?

En ocasiones este asunto lleva a confusión, al relacionarlo directamente con las obligaciones impuestas relacionadas con el PLAN DE IGUALDAD.

Pero lo cierto es que esta es una obligación que todas las empresas tienen, con independencia del tamaña de la plantilla, por lo que no estamos en el mismo caso.

Por tanto, la respuesta ante la pregunta planteada es SÍ, se debe contar con un protocolo de acoso laboral, independientemente del número de trabajadores, ya tenga 400 trabajadores, 1.000, 20 o dos empleados.

. Otra cosa es que, de estar la empresa obligada a contar con un Plan de Igualdad, evidentemente es una de las cuestiones que deben incluirse en el Plan de Igualdad y el diagnóstico de situación.

Es importante tener claro, además, que la Inspección de Trabajo lleva a cabo numerosas inspecciones sobre esta materia.

El procedimiento para llevar a cabo un protocolo de acoso laboral es diferente en función de si existe un Plan de Igualdad o no existe.

Así, en las empresas que tienen obligación de tener un Plan de Igualdad, la negociación del protocolo contra el acoso laboral y las medidas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo se llevará a cabo dentro de la negociación del propio Plan de Igualdad. Por tanto, se negociarán con la Comisión Negociadora que se constituya.

En aquellas empresas que no tienen obligación de contar con un Plan de Igualdad se deberá negociar el protocolo contra el acoso laboral con la representación legal de las personas trabajadoras o la representación sindical.

Fases para la implementación de un protocolo de acoso laboral:

  • En empresas con Plan de Igualdad, designación de comisión (tres personas y un suplente) por un plazo de 4 años. En empresas sin Plan de Igualdad, designación de persona instructora.
  • Diseño de normativa interna para prevenir el acoso laboral
  • Diseño de medidas preventivas
  • Canal interno para denunciar, de forma confidencial, las situaciones de acoso laboral que se puedan dar en la empresa.
  • Habilitar un procedimiento de investigación del acoso laboral: pruebas, testigos, informes, …
  • Comunicación de las medidas a toda la plantilla. ¿Cómo? Por escrito mediante hojas que firmen, en intranet, por email, etc…

¿Qué SANCIONES PUEDEN IMPONERME si no cuento con un protocolo de acoso laboral?

  • Hasta 30.000€ por infracciones leves
  • Hasta 120.005€ por infracciones graves
  • Hasta 225.018€ por muy graves

PREVENCIÓN DE DELITOS

CANAL DE DENUNCIAS

El canal de denuncias es una herramienta más dentro del Compliance penal que sirve para prevenir conductas ilegales en el seno de la empresa.

Permite principalmente a los empleados poder denunciar, de forma confidencial y anónima, a una organización sobre sospechas de mala conducta.

La Directiva UE 2019/1937 (la conocida como “Directiva WHISTLEBLOWING”) establece la obligación de implantar canales de denuncias a empresas y organizaciones con 50 o más trabajadores, cuya trasposición en España está en marcha, contando ya con un borrador de la ley.

En dicho borrador, como dato importante, se impone la obligación a dichas empresas de más de 50 trabajadores, y por tanto obligadas a implantar un canal de denuncias, a designar un Delegado de Protección de Datos (enlace aquí a “DPO” de Crece con RGPD?)

Pero esto no quiere decir que estas empresas de más de 50 trabajadores sean las únicas obligadas a contar con un canal de denuncias. Por ejemplo, ya hemos visto que todas las empresas, con independencia del número de empleados, deben contar con un canal para denunciar situaciones de acoso laboral.

La importancia de contar e implantar correctamente un Canal de Denuncias es tan importante que su incumplimiento puede determinar la invalidez o ineficacia de los Sistemas de Gestión de Compliance.

El canal de denuncias:

  • Garantiza el cumplimiento de las medidas de control interno para mitigar riesgos derivados de malas prácticas, imponiendo sanciones a los autores de dichas prácticas
  • Sirve para cumplir con la legislación vigente
  • Exime o atenúa la responsabilidad penal de la persona jurídica en el supuesto de comisión de un delito por parte de algún miembro de la organización (Art. 31 bis Código Penal)

Se trata de poder acreditar que existe en la empresa una auténtica cultura de Cumplimiento Normativo en la entidad.

Lógicamente su implantación requiere de un asesoramiento especializado, pues debe ser compatible con otras normativas, como con la de protección de datos (RGPD y Ley Orgánica 3/2018). De ahí que, como hemos visto, estas empresas deban designar, según el proyecto de ley que conocemos, un Delegado de Protección de Datos.

Así, entre los servicios prestados por nuestros abogados expertos estarían:

  • Asesoramiento sobre los canales y sistemas a utilizar, asegurándose de que el canal implantado cumple con la normativa vigente, así como con otras legislaciones afectadas
  • Evaluación y seguimiento de las denuncias, con activación de los protocolos, recopilación de informes y conclusiones
  • Asesoramiento jurídico sobre medidas las correctoras a implementar.
  • Contratos: Revisión y preparación de todo tipo de contratos (prestación de servicios, arrendamiento, arras, …)
  • Ley de Propiedad Horizontal:
  • Asesoramiento sobre problemas habituales en Comunidades de Propietarios
  • Reclamación de deudas de cuotas de Comunidad
  • Impugnación de Actas
  • Reclamaciones extrajudiciales de deuda
  • Reclamaciones judiciales de deuda
  • Negociación

Consulta práctica jurídica

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El trabajo contra los Delitos de Odio, la LGTBIfobia y La Polarización.
La prevención de VIH y apoyo a personas Positivas.
Trabajar por la inclusión y la igual Dignidad de las personas.
Trabajar por la Universalidad de Los Derechos Humanos.

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